En la atención médica de pacientes con enfermedades muy graves a veces es necesario decidir si se dará o no —o bien si se continuará o no— tratamientos que podrían prolongar su vida en caso de que haya datos médicos que indiquen que su muerte es inevitable en un corto plazo. Cuando el médico reconoce con el paciente (si aún es capaz) o con sus familiares que el enfermo está en el final de su vida, se evita más sufrimiento y es posible enfocarse en aliviar el que existe.

Decidir sobre el final de la vida es difícil para médicos, pacientes y familiares; más en una sociedad que elude pensar en la muerte, y más todavía en situaciones extraordinarias como las causadas por la pandemia de COVID-19. En circunstancias ordinarias, los principios bioéticos que prevalecen son el respeto a la autonomía del paciente y su mayor beneficio. El médico puede proponer no dar un tratamiento para prolongar la vida porque considera que no tendrá ningún beneficio para el paciente o éste puede decidirlo porque ha aceptado su situación y opta por recibir sólo una atención que le permita encontrar la muerte sin sufrir y con tranquilidad. Sabemos que en otros momentos es común que algunos pacientes reciban el tratamiento, aunque no los beneficie, porque el médico o sus familiares se niegan a aceptar que no se justifica y que sólo va a prolongar la agonía.

La gran diferencia en una pandemia es que la atención médica ya no puede centrarse en cada enfermo y puede implicar decisiones que normalmente se considerarían faltas de cumplimiento al deber médico. Ahora se tienen que considerar los intereses de la comunidad, porque los tratamientos que pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de las personas muy enfermas son escasos. Es fundamental que este punto se transmita a la sociedad, pues en cada caso el paciente es lo más importante para la familia, pero ésta ahora debe entender que la institución tiene que distribuir justamente los recursos de la comunidad; que sería irresponsable utilizar los tratamientos en pacientes en los que los datos clínicos revelan que no los aprovecharán por sus condiciones de salud preexistentes.

La experiencia de otros países permite calcular que el 15 % de la población infectada por COVID-19 tendrá complicaciones que requerirán de hospitalización y el 5 % necesitará, para seguir viviendo, ventiladores mecánicos para sustituir la función de sus pulmones colapsados. Mientras más pacientes necesiten ventiladores al mismo tiempo, hay un mayor riesgo de que no alcancen, y se tendrá que decidir y fundamentar éticamente cómo adjudicarlos. Debe prevalecer el principio de justicia, y no el de beneficencia y respeto a la autonomía. La pregunta por responder es cuál es el uso más justo de este recurso escaso que no pueden recibir todos. Lo ideal es establecer, por anticipado, criterios de asignación, los cuales pueden incluir dar atención prioritaria al personal de salud, a los enfermos que más se beneficien, a los jóvenes por los años ganados, pero igual debe evitarse excluir a adultos mayores a quienes podría ayudar el tratamiento. Es muy importante que haya transparencia al establecer estas normas y se recomienda que lo haga un comité para evitar la excesiva carga que representa para los médicos que atienden pacientes tomar en cada caso este tipo decisiones.

En casos en los que se decide no dar tratamientos, al asumir que el paciente morirá, hay que ofrecer cuidados paliativos para aliviar los síntomas que padezcan. También ayudaría mucho si los pacientes consideraron previamente la posibilidad de morir; de ahí la importancia de las conversaciones para planear la atención médica y las voluntades anticipadas. Es necesario aprender a discutir oportunamente diversos escenarios en que podemos llegar a encontrarnos, incluso si esto nos hace sentir incómodos. En Gran Bretaña, algunos de los pacientes que padecían enfermedades crónico-degenerativas en etapa avanzada y murieron por coronavirus no estuvieron en cuidados intensivos, porque sabían que esto no habría hecho ninguna diferencia en su resultado. A veces la decisión médica podría coincidir con la del paciente que elige no recibir tratamientos y aceptar el final de la vida, en lugar de privar a un enfermo de la oportunidad de vivir. Una persona también debe saber que aunque acepte un tratamiento de ventilación podría no recibirlo si no cumple los criterios.

La difícil experiencia del presente es una invitación a conversar, primero con nosotros mismos, y después con nuestra familia sobre lo que querríamos en situaciones ordinarias y extraordinarias en que sería necesario tomar decisiones sobre el final de nuestra vida.

 

Asunción Álvarez del Río
Maestra en psicología y doctora en bioética; profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y autora de Práctica y ética de la eutanasia

Julieta Gómez Ávalos
Médica por la UNAM. Actualmente cursa la subespecialidad de oncología médica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE.

 

Tomado de: https://www.nexos.com.mx/?p=47912